por El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aprobado la celebración de elecciones el 4 de mayo en Madrid al desestimar la suspensión del decreto de disolución de la Asamblea autonómica, solicitada por la cámara.
La resolución estima que según lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 1.1 de la Ley 5/1990, la facultad concedida a la Presidencia de la Comunidad de Madrid le permite «realizar sin paliativos» y «acordar la disolución anticipada de la Asamblea de Madrid”. Además entiende que la facultad de convocar elecciones queda, por tanto, “válidamente ejercitada» desde que se firma el Decreto de Disolución y se convocan elecciones, «sin perjuicio de que la eficacia de esta convocatoria electoral se despliegue una vez publicado el repetido Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)», añade el auto.
El tribunal subraya que no prejuzga el fondo del asunto, y observa que el contencioso se debe a un choque entre el poder ejecutivo y legislativo autonómicos. Se enfrentan competencias e intereses de gran importancia protegidas legalmente.
Ignacio Aguado, el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, considera «una irresponsabilidad ir a elecciones» y considera que su partido no saldría mal parado, señaló en su cuenta de Twitter.
Según la última encuesta realizada por NC Report para el diario La Razón, pronostica que el PP alcanzaría los 46 escaños , mientras que Ciudadanos (Cs) perderían 18 escaños y se quedarían con 8 diputados. Aún así el PP necesitaría la suma de Vox, con 19 escaños, y lograr la abstención de Ciudadanos para poder gobernar.
CRISIS INTERNA EN CS
La crisis interna que sufre este partido ha alcanzado tales dimensiones que la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas se juega su futuro en la reunión de la Ejecutiva de su partido que tendrá lugar el lunes 15 de marzo.
Albert Rivera, el ex presidente del partido naranja, ha vuelto a intervenir desde las sombras mediante la realización de llamadas a cargos de la organización política dentro de una estrategia que coincide más con los intereses del Partido Popular (PP) que los defendidos por Arrimadas.
Edmundo Bal, el portavoz parlamentario ha roto su silencio y ha acusado a Génova de dirigir una «operación corrupta» de «compra» de cargos naranjas. Desde el entorno de Inés Arrimadas defienden que no está entre sus planes dimitir, y que su liderazgo «no está en duda».
